Hitourbano

Todavía es común que muchas personas se pregunten y cuestionen por qué el Estado Chileno decide invertir en la restauración y recuperación del patrimonio cultural, por ejemplo “la señora Juanita” considera injustificado invertir en la recuperación del patrimonio cultural en lugar de invertir en otras necesidades básicas de mayor prioridad, como salud, educación o vivienda, especialmente después del terremoto de febrero del 2010.  La señora Juanita cuestiona este tipo de  inversiones basada en un análisis Costo-Beneficio, y es más, considera también el Costo de Oportunidad de dejar de invertir en otras necesidades públicas. Ciertamente parece un análisis económico racional, pero es necesario profundizar para entender por qué se produce esta divergencia de opinión respecto a las decisiones económicas del Estado.

Existen fenómenos y procesos económicos similares que nos pueden ayudar a comprender la valoración Económica del patrimonio cultural en Chile y que también son parte del desafío de alcanzar crecimiento, desarrollo humano, y sostenibilidad social y ambiental.

En los años 90, Chile comenzó a vivir un proceso de valoración progresiva del medioambiente y de la ecología, impulsado por los efectos nocivos de la contaminación en los ecosistemas y en la calidad de vida de las personas. Lo que en un principio fue parte de movimientos “fundamentalistas” es hoy en día una política de Estado que devino en una ley y en la creación de un  Ministerio del Medio Ambiente.

Esa generación ha sido educada con conceptos que daban cuenta de fenómenos medioambientales tales como efecto invernadero, material particulado y calentamiento global. Se estimaron valoraciones económicas de las externalidades negativas sobre el medio ambiente, surgiendo compensaciones tales como los Bonos de Carbono, medidas preventivas como vehículos catalíticos, bencina sin plomo, y medidas de contingencia como la restricción vehicular. En definitiva, en aquella década comenzó en Chile (algo que en países desarrollados ya había comenzado 30 años antes) un proceso para educar y difundir los valores medioambientales, y  se llevaron a cabo reflexiones y análisis de fondo, los cuales  indicaban  que la decisión económica más racional era que los procesos productivos debían considerar también la evaluación de la sustentabilidad ambiental, en beneficio del propio negocio y de la sociedad en su conjunto. Por cierto, este proceso de valoración aún no concluye, y el desarrollo Integral del País suele plantearnos nuevos dilemas de decisiones económicas para la sustentabilidad ambiental. Todo indica que la creciente valoración del medioambiente es una tendencia.

Ahora bien, en qué forma este ejemplo puede ayudarnos a comprender la disparidad de valoración del patrimonio cultural. Para simplificar el problema hablaremos sólo de patrimonio cultural material, específicamente bienes o activos patrimoniales, y trabajaremos (ciertamente en forma reductiva para fines ilustrativos) con el estilo de casos que se suele escuchar en la enseñanza de la economía, sin tener el más mínimo conocimiento de dicha ciencia y enfocándolo sólo desde la intuición.

Si la Sra. Juanita no considera justificada la inversión del Estado en la puesta en valor de bienes patrimoniales, frente a necesidades básicas, e incluso frente a otras necesidades de carácter suntuario, es porque justamente los bienes patrimoniales no están en su jerarquía de necesidades, ni en su escala de valores económicos, o bien están al final de la lista que ella considera debieran ser las prioridades del Estado en materia de inversión.

Para entender por qué los bienes patrimoniales no son valorados por “estos”, veamos por qué si son valorados por “aquellos”.

La valoración de Bienes Patrimoniales puede obedecer a muchas explicaciones, pero mencionemos  sólo tres líneas tentativas: La primera se relaciona con la belleza, la estética y el arte como expresión y representación de un momento en la historia de un pueblo; la segunda se relaciona con el valor simbólico otorgado por una persona o una comunidad a un bien o conjunto de bienes que consideran parte constituyente de su  entorno, de su sistema identitario y que ha cumplido una función de cohesión social a lo largo de la historia de su comunidad, o simplemente por ser él símbolo de poder de una determinada familia o institución. La tercera línea de valoración se relaciona con el ámbito académico, donde personas que sin necesidad de vivir en una comunidad, valoran su patrimonio porque han conocido y estudiado el rol de los bienes patrimoniales a lo largo la historia local, nacional, o universal. Dentro de esta línea se desarrolla la investigación sistemática de los valores que hacen que ciertos bienes sean considerados como parte del patrimonio cultural de un pueblo, de una nación e incluso de la humanidad.

“Material heritage traditionally has been valued and conserved because of its cultural attributes—the beauty, artistry, stories, or other collective meaning associated with a place, building, or object. Economic values and motivations are, however, important factors in the conservation of heritage as well. In contemporary society, economic considerations often take center stage, strongly influencing how heritage is valued and how conservation decisions are made…Conservation professionals and decision-makers increasingly must confront economic realities or argue on the basis of economic considerations—or both. But the value of heritage cannot be measured simply in terms of price. Economics and policy decisions are usually thought to be outside the domain of conservation discourse and practice. The Research on the Values of Heritage project sought to bridge economic and cultural approaches to valuing heritage”[1]

Las investigaciones recientes consideran que junto con conocer y relevar los valores patrimoniales es fundamental determinar los valores económicos de los activos patrimoniales, para integrar la racionalidad económica en la toma de decisiones respecto a invertir o no en la conservación de esos bienes.

Si bien estas líneas de investigación han aportado a la valoración del patrimonio cultural, no ha tenido la suficiente influencia para distinguir la valoración económica de los bienes patrimoniales. En muchos casos,  seguimos valorando de forma diametralmente opuesta un mismo bien patrimonial, y esto tiene que ver principalmente con lo que “la cosa” significa para cada uno, y esto puede estar relacionado o no con el acervo cultural y nivel de educación que cada uno pueda poseer como “background”.

Por eso Francisco Javier, que conoce la historia del país y de su familia, decidió invertir en la restauración de su vieja casa patronal, a pesar que resultaba mucho más costoso que construir una nueva casa  en el fundo, de material sólido y  con todas las comodidades contemporáneas. Esto ocurre porque en esta decisión económica, primó en primera instancia el significado que la casa patronal tenía para Francisco Javier y para la historia de su familia, integrando ese significado como uno de los valores económicos propios del bien inmueble, si no el valor más importante.

Al igual que Francisco Javier, el Estado de Chile, (en el supuesto que las economías en vías de desarrollo han satisfacido en cierto grado las necesidades básicas como salud, educación y vivienda),  decidió invertir en la puesta en valor de Bienes Patrimoniales, porque los considera relevantes para la memoria histórica de la nación en general y de las comunidades locales en particular. Entre las acciones básicas de Puesta en Valor, están el proteger legalmente los bienes inmuebles a través de la Ley de Monumentos (no obstante limitada y obsoleta, existe en Chile una ley de Monumentos Nacionales), restaurar, relevar y difundir  sus valores patrimoniales, y recientemente se ha incorporado  la variable de procurar la sustentabilidad económica de los inmuebles, a través de un modelo de gestión.

No obstante todo lo anterior, el análisis económico de la Sra. Juanita respecto a la valoración de los Bienes Patrimoniales no ha cambiado, de hecho acaba de vender una “vieja y roñosa” carreta que permanecía botada en su patio, además de un conjunto de muebles “viejos”. Para ella, la transacción fue exitosa y le reportó un gran beneficio, le pagaron por llevarse los “cachureos” que estorbaban en el  patio de su casa, con lo cual incluso pudo comprar algunos muebles nuevos en Home Center.

Para Francisco Javier, la transacción también fue exitosa, compró una carreta y muebles de principios del siglo XIX, año en que su familia adquirió la casa patronal que acaba de restaurar. Incluso tiene destinado un lugar privilegiado junto al frontis de la Casona para la carreta, de la cual sólo quedan tres ejemplares en todo Chile (bien escaso). Con los muebles originales de época (que en el mercado de antigüedades tienen un costo 10 veces mayor que lo pagado a la Sra Juanita), podrá terminar de equipar las habitaciones de la casa.

De esta forma, Francisco Javier podrá comenzar el negocio de eventos exclusivos, aprovechando la prestancia y capacidad de la Casa Patronal, su capilla y sus hermosos jardines; de hecho el logo de la empresa es la fachada de la casona, el que estará impreso en la publicidad, el vestuario de los funcionarios, la papelería, etc. Además, capacitará al administrador y al personal para que conozcan la historia y los valores patrimoniales de la Casa Patronal, para que se sientan comprometidos con el valor simbólico e histórico del lugar donde están trabajando y puedan difundirlo a los clientes. Por lo tanto Francisco Javier no sólo restauró y equipó su Casa Patronal, más aún,  ya tiene evaluado un modelo de gestión y un plan de negocios, a través del cual prevé recuperar lo invertido y obtener una rentabilidad positiva con el uso propuesto para su activo patrimonial.

Reflexión y Acción para la Valoración de Bienes Patrimoniales

Con los antecedentes expuestos, podemos aventurarnos en tres reflexiones necesarias para la toma de decisiones estratégicas de la Puesta en Valor de bienes Patrimoniales.

La primera reflexión tiene que ver con el nivel de subjetividad de las necesidades.  La jerarquía de las necesidades puede variar de persona en persona, respondiendo a una lógica que no sería económicamente juzgable, por lo que tanto la Sra. Juanita como Francisco Javier, habrían tomado decisiones razonables respecto a la transacción efectuada.

La Segunda reflexión, es que las diferencias de  interpretación de significados producen distintas valoraciones de los bienes patrimoniales, por lo que, junto con la necesidad,   el nivel de información disponible para llevar a cabo esa interpretación será fundamental e incidirá en el análisis costo-beneficio y por ende en la valoración económica y toma de decisiones respecto al bien.

Por este motivo, el análisis económico deberá incluir lo que el bien significa para mí, y lo que significa para los demás; cuánto valoro el bien patrimonial y cuánto lo valoran los demás. En la transacción con la Sra. Juanita, Francisco Javier manejaba los precios de un mercado todavía “críptico”, desconocido para la Sra. Juanita, al igual que los valores de los bienes patrimoniales que vendió.  En este sentido, mientras más factores de valoración pertinentes integremos a nuestro criterio de decisión, tendremos más posibilidades de elegir una solución racional y sustentable, en beneficio propio y de la sociedad. Por esto, la inclusión y participación de las comunidades locales o de la ciudadanía “afectada” es fundamental para integrar factores de valoración y de paso coordinar y potenciar sus posibles  emprendimientos relacionados al patrimonio cultural.

La tercera reflexión, es que la puesta en valor del patrimonio por parte del Estado, debe idealmente comenzar por reconocer valores y difundirlos a la comunidad, de tal forma de sentar una línea de base y disminuir las diferencias de interpretación respecto a la valoración económica de un mismo bien. En ese sentido la educación jugará un rol fundamental tanto en la valoración como en la sostenibilidad del patrimonio cultural.

Las propuestas tentativas  para subsanar estas diferencias de interpretación, puedrían basarse en una política pública que debería lograr el cumplimiento de al menos cuatro objetivos básicos:

Primero: definir actores y sostenedores públicos y privados implicados en la puesta en valor, que dependiendo de cada caso pueden ser Públicos: Ministerios de Educación, de Cultura, de Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo, Sernatur, Gobiernos Regionales, Municipios, otros. Actores privados, que dependiendo de cada caso, pueden ser: Juntas de Vecinos, dueños de Bienes Patrimoniales, empresarios, industrias culturales, cámara chilena de la construcción, ONG’s. Los Responsables de impulsar y coordinar este primer objetivo serían los Gobiernos Regionales.

Segundo: Formular y ejecutar un Programa de Valoración de Identidad y Patrimonio Cultural, aplicado principalmente en la educación escolar. La idea consiste en aprender-enseñar  a valorar el patrimonio cultural como parte de la identidad de los pueblos, de las comunidades locales y de las naciones. Se trata de aprender-enseñar porque necesariamente existe un “feedback” de información donde el equipo que enseña  también aprende lo que la comunidad local valora,  y luego difunde esa misma valoración como parte de un sistema abierto.  El equipo en conjunto con la comunidad, y considerando también criterios universales  deberá establecer métodos de consenso para la valoración económica de los bienes patrimoniales que dicha comunidad posee, de manera de estimar el beneficio que genera dicho bien para la comunidad y para la persona que lo posee. Responsable: Los Responsables de impulsar y coordinar este segundo objetivo serían las Secretarias Regionales de Educación.

Tercero: Cambiar la ley 17.288 (obsoleta) y crear una institucionalidad del patrimonio cultural, integrando los departamentos públicos que, alojados de manera ineficiente en distintos ministerios (duplicidad de funciones, acciones, recursos, etc.), trabajan en la puesta en valor del patrimonio. Los Responsables de impulsar y coordinar este tercer objetivo serían el Gobierno Central y el los parlamentarios.

Cuarto: Activar y ordenar el mercado de bienes patrimoniales, otorgar subsidios de puesta en valor y rebajas tributarias a los dueños de bienes patrimoniales. Esto haría cambiar radicalmente la concepción de posesión de un bien patrimonial, y el Estado regularía el mercado ahí donde el privado no está dispuesto a invertir por la conservación de ese bien patrimonial que el propio Estado considera necesario preservar.Los Responsables de impulsar y coordinar este cuarto objetivo serían el Gobierno Central, los parlamentarios y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Finalmente, y mientras este escenario “macro” no cambie,  podriamos complementar esta reflexión con 5 desafìos particulares para la Región de Coquimbo, en el ámbito del Patrimonio Cultural:

[1] Research on The values of Heritage (1998-2005). Project Objetives. The Getty Conservation Institute.

http://www.getty.edu/conservation/field_projects/values/